Por Luis R. Decamps R. (*)
La nueva iniciativa de “reforma fiscal” remitida a las cámaras legislativas por el presidente Leonel Fernández, más allá de la encendida controversia que ha provocado entre economistas, dirigentes partidarios y ciudadanos de toda laya, puede ser objeto de “lecturas” harto singulares a la luz del panorama político actual y de cara a las elecciones del año 2012.
En efecto, aunque el funcionariado peledeísta continúa haciendo denodados esfuerzos por reducir el debate sobre las implicaciones del proyecto de marras a sus perfiles puramente financieros (y en especial al recurrente tópico de la “necesidad de mantener” una “estabilidad macroeconómica” ya bastante cuestionable), que no dejan de ser importantes por sus tremendas repercusiones sobre la vida cotidiana tanto de las empresas como de la gente de carne y hueso, es probable que sus más embarazosos efectos de mediano y largo alcance sean básicamente políticos.
Por supuesto, aún en lo que concierne al “costado” de discusión que intenta imponer en el imaginario colectivo, la administración Fernández ha quedado muy mal parada: la propuesta de “reforma” no sólo muestra que su equipo económico mintió descaradamente al país (al negar una y otra vez que se produciría a lo largo de los últimos seis meses); también entraña un reconocimiento implícito de la veracidad de las afirmaciones de la oposición en torno a que el “desguañangue” de la economía nacional era más pronunciado de lo que aquella asentía.
Ciertamente, ya la verdad no puede ser ocultada ni maquillada: tras “desguañangar” la economía para ganar las dos últimas elecciones (2008 y 2010) y de ser seriamente aporreada desde el punto de vista financiero por el “choque petrolero” y la crisis alimentaria mundial en marcha, la administración peledeísta se ha desmentido a sí misma de manera desvergonzada, se ha declarado impotente para encarar por sus propios medios el grave déficit de sus cuentas y, como los cobardes de solemnidad, ahora se escuda en el FMI para “escurrir el bulto” de sus responsabilidades en tanto rectora de la cosa pública.
En realidad -la insistencia no huelga- aunque el “desguañangue” económico era de conocimiento general y se sabía que -a pesar de sus protestas de engañifa- el gobierno estaba obligado a adoptar providencias heroicas para intentar sortearlo, hasta los propios peledeístas quedaron boquiabiertos con la pasmosa forma de presentación y los feroces alcances del proyecto de “reforma”: aparte de dar un “palo acechao”, la administración Fernández en esta ocasión decidió, sin sutileza alguna, meter la mano no sólo en los bolsillos del ciudadano sino también en las cajas registradoras de empresas y entidades que saben muy bien cómo traspasar la exacción gubernamental a su vapuleada clientela. El ciudadano, pues, a la larga saldrá perdiendo por partida doble.
Dicho de un modo menos eufemístico: al comenzar el segundo semestre del año casi nadie ignoraba que el gobierno, en virtud de la desastrosa marcha de sus finanzas, estaba ante una especie de “trilema”: dejaba “cancha abierta” al inminente descalabro de la “estabilidad macroeconómica” como resultado de la considerable brecha presupuestaria, procuraba nuevos ingresos a través del incremento en cantidad o en calidad de los tributos, o reducía considerablemente sus gastos, especialmente los relacionados con su política de clientela. Eso era lo viejo y conocido, valga la reiteración. Lo nuevo, lo verdaderamente nuevo fue que terminó actuando sorpresiva y sibilinamente, como el Chapulín Colorado, pero al revés en sus objetivos y sin proclamar ninguna astucia.
(Conviene rememorar, para los desmemoriados, que el “desguañangue” de la economía dominicana entre 2008 y 2010 fue ampliamente documentado por los licenciados Bernardo Vega y Miguel Ceara Hatton, dos reputados profesionales del ramo, y se hizo patente con el abultamiento sin precedentes del gasto corriente -obras de campaña, subsidios, nominillas, gastos en publicidad y combustibles, etcétera- en los dos últimos procesos electorales, lo que ya en diciembre del año pasado había causado un déficit presupuestario estimado en 85, 534 millones de pesos).
En otras palabras, lo que se observa es el gobierno peledeísta decidió no hacer sacrificio propio de ningún tipo y, a escondidas, se decantó por la opción de auspiciar una nueva “reforma fiscal” (expresión que, entre nosotros, inalterablemente significa un aumento de los impuestos por conducto de la ampliación de la base de éstos o la mera creación de nuevas figuras tributarias). Más claramente: el Palacio Nacional se propone hacer que la sociedad dominicana en su conjunto (no sólo los peledeístas, sus beneficiarios) pague ahora los platos rotos de sus opíparos festines electorales.
(Por cierto, semejante postura de la administración Fernández no sólo revalida la inferencia, hecha pública reiteradamente por el autor de estas líneas, de que los peledeístas son muy buenos gobernando en épocas de paz financiera y estabilidad económica -la verdad es que aún no se acaban de “estrenar” como gobernantes de “tiempos malos”, es decir, en períodos de verdaderos disturbios en los sentidos señalados-, sino que también pone de manifiesto que tanto en el gobierno como en el PLD parece haber cierto déficit de inteligencia pro-activa y espíritu de creatividad cuando se trata de adoptar decisiones que no perjudiquen a la clase media).
Por otra parte, es evidente que, al tomar el derrotero directo, fácil y simplón de una nueva “reforma fiscal” (“soplado” por los técnicos-cobradores del FMI con la burocrática “flema” del opulento funcionariado de los países ricos), el gobierno del PLD está dilapidando miserablemente su “capital político” y, en consecuencia, contribuyendo a que se acreciente aún más su ya abrumadora impopularidad: se trata de una iniciativa que ha sido abiertamente rechazada casi a unanimidad por la ciudadanía y sus entidades representativas.
Naturalmente, la perogrullada que le es consustancial a esa realidad tampoco puede ser ajena al entendimiento de los incumbentes palaciegos: en lo inmediato y en términos prácticos quien inevitablemente terminará pagando las consecuencias de la merma de la valoración popular del gobierno y del PLD, por razones más que obvias, no lo serán únicamente el presidente Fernández y sus cercanos colaboradores (que invocan como excusa su “sentido de la responsabilidad” e insisten en “echarle el muerto” al FMI) sino también -y fundamentalmente- su virtual candidato presidencial, el licenciado Danilo Medina.
Por ello, no ha sido sorpresa que, aunque algunos periodistas de su proyecto político (que tienen “responsabilidades contractuales de trabajo” con el gobierno) asumieron la defensa del mamarracho impositivo, el licenciado Medina se apresuró a poner prudente distancia respecto al mismo: dijo que, pese a ser “necesario”, él no conoce “el paquete en detalle”, y se ha enterado “por lo que la prensa ha reseñado”, pues “a mí no se me ha hecho ninguna consulta”. Al mismo tiempo, sostuvo que se trató de medidas adoptadas “en un momento muy inoportuno” que constituyen “un trago amargo porque coloca mi campaña como si tuviera que trabajar subiendo un palo encebado”.
Obviamente, por lo demás (y para mayor angustia del licenciado Medina), es imposible dejar de consignar que, dadas las circunstancias en que se produce, la remisión al Congreso Nacional de la “reforma fiscal” en estos momentos tiende a robustecer la extendida sospecha de que el presidente Fernández no está interesado en la victoria del candidato del PLD, puesto que -al margen de que las comparta o no- a este último le será muy difícil lograr que los dominicanos lo desvinculen de este tipo de ejecutorias impopulares patrocinadas por el gobierno: es un lastre difícil de echar por la borda.
Más aún, en lo adelante la más penetrante y fructífera campaña a su favor que pueden hacer el PRD y el ex presidente Hipólito Mejía residirá en su simple oposición a la “reforma fiscal”, pues ello los enfrentará con el gobierno del PLD (situándolo en un frente común con gran parte de la sociedad dominicana), y nadie les podrá despintar a estos últimos la imagen y la condición de “abogados del diablo” desde la perspectiva de los intereses populares. Lo cierto es, pues, que los perredeístas, subrepticiamente, deberían darle aunque sea “aplausos chinos” al doctor Fernández, dado les ha regalado un cuerpo de argumentos de campaña contundente y devastador.
De todos modos, e igualmente para su desventura, el licenciado Danilo Medina, sin dudas un candidato presidencial maduro y bien dotado en términos de experiencia y capacidad administrativa, estará inexorablemente obligado a adoptar y mantener la incómoda y poco honesta postura de no estar “ni demasiado lejos ni demasiado cerca” del gobierno. Es decir, deberá presentar a lo largo de la campaña electoral, como el antiguo dios Jano, dos caras: una para satisfacer al gobierno peledeísta y sus poderosos funcionarios (que serán los principales afluentes de sus apoyos), y otra para la mayoría del electorado nacional (que está indignada con el peledeismo gobernante)… ¡Pobre de él, pues! Lo que le espera no es de gente seria y vertical.
(*) El autor es abogado y profesor universitario
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