Un tribunal de apelaciones decidirá el miércoles si concede la extradición a pedido de Panamá, que proyecta juzgar al anciano ex militar otrora el hombre fuerte de su país, en su última fase de una compleja odisea legal.
Amigos y enemigos por igual temen que Noriega pueda morir en una prisión francesa, principalmente aquéllos que combatieron sus abusos de derechos humanos durante su régimen de 1983-1989. Quieren ver que se le haga justicia en su propio país.
Noriega, otrora colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el hombre fuerte de Panamá durante la década del 80, incomodó a Estados Unidos después que se convirtió en aliado del cartel de narcotraficantes de Medellín, Colombia.
En los días en que menguaba la Guerra Fría, Noriega fue visto por el gobierno del ex presidente estadounidense Ronald Reagan como un aliado clave contra el gobierno sandinista de izquierda en Nicaragua. Pero él eventualmente se separó de Washington.
A finales de 1989, el presidente estadounidense George H.W. Bush ordenó una invasión para derrocar a Noriega. El dictador se atrincheró en la embajada del Vaticano en Panamá y las fuerzas estadounidenses lo asediaron con música incesante de rock hasta que se rindió en enero de 1990.
Fue llevado a Miami y lo acusaron de ayudar al cártel de Medellín a introducir toneladas de embarques de cocaína a Estados Unidos. Un jurado lo declaró culpable en 1992 de ocho de los 10 cargos y fue condenado a 17 años de prisión.
Después de terminar su sentencia en Estados Unidos se quedó en un limbo legal en Miami de 2007 a 2010, cuando Francia emitió una solicitud de último minuto para ser extraditado y enfrentar cargos por lavado de dinero. Fue declarado culpable y condenado a siete años tras las rejas.
Panamá quiere que Noriega regrese a cumplir dos penas en prisión de 20 años tras ser sentenciado en ausencia por malversación, corrupción y asesinato.
El ex dictador está acusado de asesinar a opositores, entre ellos a Moisés Giroldi, un comandante militar que encabezó una fallida rebelión dos meses antes de la invasión estadounidense, y a Hugo Spadafora, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado en la frontera con Costa Rica en 1985.
La extradición especialmente compleja de interpretar porque Estados Unidos, como el país que autorizó la transferencia inicial a Francia, tuvo que dar su consentimiento para que él fuera trasladado a Panamá.
Francia se ha negado a extraditarlo por los cargos de asesinato, obligando a Panamá a revisar su solicitud y colocando a Noriega otra vez en tierra de nadie en términos legales mientras tres países allanan las sutilezas de una transferencia.
Mientras tanto, Noriega se ha debilitado físicamente y se prevé que el miércoles comparezca en la audiencia en silla de ruedas, dijo su abogado. Ahora tiene unos 70 años, aunque no se conoce su edad con exactitud.
Tres condenas en ausencia dictadas en Panamá se ciernen sobre su cabeza, que conllevan a penas combinadas de 60 años de prisión por cargos de homicidio, corrupción y malversación de fondos
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