Reflexiones sobre funcionamiento de la "Oficina Central electoral en España

 Por: PELAGIO ROSARIO

 Maestro y Politólogo                                                                                                                                    

La Junta Central Electoral (JCE), organismo rector de los procesos electorales y de los partidos políticos, tiene que ver, además, con todo lo relacionado con los  documentos básicos, que sirven de identificación a todos los ciudadanos residentes y/o nacidos en territorio dominicano, los cuales deben estar registrado,  en la misma, desde el momento de su nacimiento, e incluso, cuando mueren, ésta debe tomar en cuenta su desaparición física; por lo que, el mantener actualizado estos datos, constituyen una herramienta de incalculable valor para las demás instituciones que integran el aparato estatal.  

Pero, además, muchas de sus funciones están establecidas en nuestra Constitución, complementada por la actual Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones.

En ese sentido, la representaciones de la JCE, en el exterior, deben regirse por las mismas normativas que establecen la Constitución de la republica, así como, las  leyes adjetivas y resoluciones que sirven de complemento a su funcionamiento institucional, para garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y,  en consecuencia, el fortalecimiento de las instituciones que son el soporte del sistema democrático

Dominicano.

Por tal motivo, se nos hace difícil entender, como es posible que, las autoridades de la OCLEE, en España, que representan al tribunal electoral dominicano, no estén cumpliendo con las disposiciones del Supremo Tribunal, ni con lo establecido en la Ley Electoral, en lo que se refiere, concretamente, a la EXPEDICION GRATUITA, de la primera CEDULA de identidad, a los jóvenes que han adquirido la mayoría de edad, como se hace, legítimamente, en Santo Domingo; violando, no sólo, lo establecido por la JCE, sino, además, un precepto constitucional, establecido en nuestra Carta Magna, en su Ar. 8, en el que consigna los derechos de los ciudadanos dominicanos.

Pero, sucede y ocurre, que para que una persona disfrute de los derechos civiles y políticos, consagrados en nuestra Constitución, tiene que ser ciudadano, mayor de 18 años, además, siendo obligatorio, poseer su CEDULA  de identidad, que lo acredite como ciudadano dominicano. Pues, aquí, ese derecho constitucional, la OCLEE, que representa al Tribunal Supremo Electoral  Dominicano, le ha arrebatado a la gran cantidad de jóvenes dominicanos (por JIU SOLIS o por JIU SANGUINES), que han cumplido la mayoría de edad en territorio español,  sus derechos civiles y políticos, que  les otorga nuestra Ley fundamental  (La CONTITUCION DOMINICANA).

Tal apreciación, la realizamos , en tanto y en cuanto, los funcionarios de la OCLEE, han establecido una cuota, aparentemente, de recuperación, de 10 y 15 euros, respectivamente, para la expedición del ACTA de NACIMIENTO y la CEDULA de identidad, lo cual, no sólo viola lo establecido por la JCE, de entregar la primera CEDULA a los jóvenes de manera GRTUITA, sino, que, debido a la situación económica por la que atraviesa España (lo cual no es un secreto para  nadie), nuestros   jóvenes inmigrantes, no reúnen  las condiciones económicas para corresponder a esa exigencia “ILEGAL y ANTICONTITUCIONAL”, que hace la OCLEE; impidiendo que nuestros jóvenes paisanos puedan disfrutar del derecho constitucional (Ar. 8), de elegir y ser elegido, en los procesos electorales, que constituyen una de las bases fundamentales del sistema democrático.

Pero, la situación se torna peor, para los partidos políticos de  oposición, con representación aquí, ya que, el partido de gobierno, llámese,  el PLD, que cuenta con su principal  dirigente, el señor MARCOS CROS SANCHEZ (Cónsul General de la Rep. Dom.), en la sede donde funciona la OCLEE, que es también, donde funcionan las oficinas del CONSULADO dominicano en España, el cual les tiene altas TASAS impositivas a  la  adquisición de cualquier documento que requieran nuestros

conciudadanos; permitiéndole a éste contar con lo recursos necesarios, para, no sólo, competir en lo procesos electorales, con altas ventajas, frente a las demás organizaciones políticas, sino, pagar la ALTA TASA de  “recuperación” que exige, repetimos, ILEGALMENTE, la OCLEE,  para entregar la primera   CEDULA a nuestros jóvenes,  que tan sólo, quieren disfrutar de  un  derecho que tienen todos los jóvenes en la Rep. Dom., y que aquí, prácticamente, se le está negando, el elegir y ser elegido, como establece el Art. 8 de nuestra constitución.

Ante ésta situación, ilegal e inconstitucional, por demás, demandamos del Supremo Tribunal Electoral, su rápida intervención, a fin de que, de una vez y por todas, sus oficinas en el exterior, particularmente, en Madrid, descontinúen la práctica administrativa de exigir una cuota, para la expedición del ACTA de NACMIENTO y la CEDULA de identidad, por todos argumentos antes señalados, pero, además, porque es una VIOLACION flagrante a nuestra Carta Magna; independientemente, de que, constituye una herida mortal a la  democracia,  el  hecho  de que, ante el  Supremo Tribunal, el parido de gobierno, en este caso, el PLD, cuente con las ventaja ilegales, que les proporciona el poder del gobierno, en detrimento de las posibilidades de las demás organizaciones políticas.

En nuestra condición de ciudadano preocupado por la democracia, en nuestro país y el mundo, planteo estas sugerencias, como un aporte más, que desde la distancia, hacemos aquellos que, aunque lejos de nuestro terruño querido, sufrimos aquí y allá lo que están pasando nuestros paisanos, con el objeto de contribuir, en lo posible, con el clima de paz, libertad y seguridad que tanto demanda la sociedad dominicana.  Continuaremos.                     Hasta la próxima entrega.