Intiman Cámara de Diputados para que acaten sentencia del poder judicial

El abogado Alejandro Alberto Paulino Vallejo, mediante acto de aguacil, intimó a la Cámara de Diputados de la República Dominicana para que en el plazo de un día franco proceda a entregarle a nómina certificada de esa entidad, tal como le ordenó el 1 de septiembre de 2010 el Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El 15 de diciembre de 2009, Alejandro Alberto Paulino Vallejo solicitó a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Cámara la nómina de la entidad. Una semana después recibió la información, pero con la siguiente salvedad:

"En esta lista que le estamos entregando, no incluimos los nombres, números de cédula de identidad y electoral, direcciones residenciales y números telefónicos residenciales, entre otros, debido a que estos constituyen datos personales e información confidencial cuya divulgación solamente es posible si los/las titulares de los mismos autorizan a ello, tal y como lo establecen los artículos 18, 19 y 33, respectivamente, ya citados en el párrafo anterior y, en la especie, no hemos obtenido la debida autorización de los/las respectivos/as titulares".

El abogado sometió un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en enero de 2010 y el 1 de septiembre de ese mismo año falló a su favor ordenando la entrega de la información completa, así como la resolución 3780-2010 del pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la que "desestima la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 1ro. de septiembre del 2010, en atribuciones de amparo", sin embargo, la Cámara de Diputados se ha negado a cumplir con la Ley 200-04 (de Libre Acceso a la Información Pública) y la orden emanada del alto tribunal.

"La sentencia tiene casi un año y ya está siendo desacatada, por lo cual he procedido a intimar mediante acto de alguacil a la Cámara de Diputados para que respeten la referida sentencia del Poder Judicial, y por ende, para que entreguen la información solicitada", dijo el abogado, quien está representado por abogados Remberto Pichardo y Hermes Guerrero. La sentencia del TSA también ordena a la Cámara de Diputados al pago de 5 mil pesos por cada día de desacato de la misma.